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| Y vuelta la burra al trigo |
| A 30 años de la (al decir de algunos) modélica Transición, políticos y sociedad siguen enzarzados en la polémica de retirar los símbolos religiosos de las dependencias de la Administración del Estado. A pesar de los tres decenios de la declaración de España como Estado no confesional, los crucifijos continúan exhibiéndose en escuelas públicas, consultas y despachos y las ceremonias religiosas no han dejado de inmiscuirse en la vida pública. La resolución de circunscribir la religión al ámbito privado no sólo no se ha llevado a la práctica sino que pretende instaurarse como signo identitario cultural de todos los ciudadanos. La jerarquía eclesiástica pondera su insólita, arcaica y enfermiza opinión sobre política social con argumentos similares a los años hegemónicos del nacional catolicismo de infausta memoria. Los distintos gobiernos han perdurado el trato de favor hacia la religión del imperio, permitiendo injustas prebendas económicas y un papel predominante en la educación de nuestros vástagos. Como colofón a semejante trato de favor, se pretende dejar en manos de los gobiernos autonómicos el cumplimiento de unas normas en clara contradicción con los principios constitucionales. La intransigencia cristiana califica de intolerantes a quienes pretenden relegar la fe a la vida privada, imponiendo su emblema en las aulas y presidiendo los centros donde se imparte conocimiento y sabere universal. Nada ni nadie les impide que sigan pontificando y beatificando la muerte y el sufrimiento como estilo de vida o que se encierren en una interpretación tergiversada y sui generis de unos textos que se pierden en la oscura noche de la ignorancia y la superstición, ni que alardeen de predicar mensajes contradictorios con su práctica diaria sobre bienes y economías. Ni siquiera se les pide revisión sobre aquello de lo que, con tanta impunidad e ignominia, se han adueñado a lo largo de los siglos. Tan sólo se reclama algo tan elemental como que no nos impongan su esperpéntica doctrina, sus majaderas creencias o su arbitraria administración. Para incidir en la vida pública primero han de aceptar las leyes de igualdad, libertad y respeto hacia el ser humano (hombres y mujeres), transparencia en los asuntos pecuniarios y elección de sus representantes democráticamente. Como civilizadamente hacemos todo cristo. |
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